El
gobierno no quiere dar su brazo a torcer. La recurrente insolencia de mantener
la revolución, un proceso continúo de desaciertos y frustraciones, en vez de ayudar, impide la búsqueda de una
salida institucional concertada como inteligentemente la mayoría de la gente la
exigió con sus votos el pasado 6 de diciembre de 2015.
La crisis
económica y social es de tal dimensión que los odios y resentimientos sociales
estimulados desde el poder por mucho tiempo en los niveles sociales más
vulnerables, hoy se les están revirtiendo en su contra poniendo en peligro la
estabilidad emocional e institucional de la república.
No debe
el gobierno central seguir mirando a la mayoría de los venezolanos como una
lucha permanente de clases; partiendo de la premisa fracasada e irresponsable
de pensar que para poder subsistir la revolución necesariamente hay que
destruir al adversario político al costo y riesgo que sea.
El país quiere
y exige soluciones. No más conflictos. Reclama diálogo y cooperación tanto de
todos los poderes públicos como de los dirigentes, organizaciones partidistas,
sectores económicos y sociales.
La nueva
Asamblea Nacional, por su lado, bajo ninguna circunstancia debe dejar de
cumplir con sus funciones básicas como las de discutir, legislar pero sobre
todo de controlar el ejecutivo. El resto de los poderes, no pueden seguir operando
como apéndices del gobierno nacional menos haciéndose cómplices de una
revolución que constitucionalmente no están obligados a seguir y obedecer. La coyuntura histórica los insta a dar un paso adelante de autonomía e
independencia para contribuir con el deber de crear y garantizar un clima de
legalidad, respeto y equilibrio.
El poder
ejecutivo en cualquier democracia, no tiene otra misión general que la de ser
el núcleo y el motor del progreso y
desarrollo de los ciudadanos y de las instituciones humanas que abarca. No
puede abrogarse la iniquidad de disponer de los destinos de los pueblos al antojo de
un proceso ideológico u oligarquía política, pues de hacerlo estaría atentando contra
el bien común nacional. Cuando ello ocurre, los pueblos les asisten el derecho
moral de impedirlo por las vías electorales que las constituciones establezcan
para reponer la normalidad institucional y la paz social.
En el
caso de nuestro país, la Carta Magna del 99 contempla 4 opciones para superar
la conflictividad de poderes cuando no hay voluntad política para superarla, ellas
son: 1. El Referéndum revocatorio (art. 72)
2. La Enmienda constitucional (Arts.340, 341) 3. La Reforma constitucional (Arts. 342, 343,
344, 345 y 346) y 4. La Asamblea
constituyente (Art. 347). Cualquiera sea la vía escogida, siempre serán los ciudadanos
electores los soberanos de aprobar la consulta.
Los
ciudadanos estamos exigiendo a todo nivel un cambio material, intelectual, y
moral a fin de desarrollar nuestras potencialidades materiales, intelectuales y
morales. Una auténtica toma de conciencia de las transformaciones, no como
hasta ahora se ha pretendido, un simple cambio de actores o gobiernos.
Es el
momento histórico para sustituir una cultura facilista, de vicios y trampas, dependiente
del Estado, desconocedora de méritos y
resultados por una inspirada en principios éticos de vida particular y pública;
donde impera el poder persuasivo de la verdad y no el de la mentira o de la
violencia.
No es una
ilusión, una utopía, construirla. Podemos hacerla. Asumiendo un compromiso colectivo
de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, para enarbolar las banderas de las grandes realizaciones
materiales, espirituales y humanas de cada uno de los venezolanos y de todos
los venezolanos. No hay otro camino para la paz y la justicia social. El deber
nos llama. Es un acto que no solo le corresponde
a los políticos y gobernantes. “Cumplid vuestro deber y dejad obrar a los
Dioses” (Pierre Corneille).
Presidente
del Ifedec, Capítulo Bolívar @renenunez51
Los
domingos, 8 a 9 am, en Onda Global por Onda 97.3 FM
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