Nadie debe sentirse
satisfecho con el país que tenemos. Ni siquiera los enchufados del régimen si
piensan de buena fe en el futuro de sus hijos, nietos o bisnietos. Como nación -supuestamente-
democrática, soberana e independiente, a los venezolanos nos asiste el derecho
de vivir con tranquilidad, con seguridad, en libertad y paz.
Para entender las deplorables condiciones de
vida que hoy la mayoría de los venezolanos tenemos, deberíamos todos
respondernos estas preguntas: ¿Cuántos de nosotros hemos sido capacitados para
el trabajo decente? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido oportunidades de
trabajo estable, duradero y bien remunerado? ¿Cuántos de nosotros estamos
disfrutando de la seguridad y del bienestar social individual y colectivo que
el Estado y el gobierno nacional constitucionalmente están obligados a facilitarlo
sin trabas, impedimentos y exclusiones?
Son muchas las preguntas sin respuestas positivas
después de 16 años de mandato revolucionario. Lo que si no hay duda es que
estamos acorralados por un modelo político enemigo de las libertades, de los
derechos políticos, de los derechos humanos; destructor de la institucionalidad,
de la economía productiva; responsable de una hipoteca nacional, cuya cifra
total oficial no se conoce con exactitud al sol de hoy. Además de haber sido facilitador
de la dilapidación, sin control alguno, de un billón y medio de dólares
generado por renta petrolera.
La población, sometida a un nivel
sorprendente de agresividad, de ausencia
de raciocinio, de civismo, de respeto, se les desconoce su derecho
constitucional de no compartir las ejecutorias públicas oficialistas de
empobrecimiento y exclusión social.
Una autoridad gubernamental que todo lo
justifica a favor o en su contra según su conveniencia y momento; bajo la lupa
de una sola verdad, castigando con el mayor peso de la ley a los que la nieguen
o rechacen; a muchos de ellos recluyéndolos en la cárcel con juicios abiertos
sin presentación de pruebas concluyentes y convincentes.
Hay mucha prisa en las agresiones, las
amenazas y las medidas que van tomando en su contra; alimentando un “stress”
cada vez más generalizado y preocupante por los devastadores efectos de los
desequilibrios económicos, la inestabilidad e ingobernabilidad.
Mientras la secuela social hace estrago a todo
nivel, hay una creciente masa de ciudadanos no comprometidos con el gobierno ni
con la oposición esperando de la
dirigencia política una actitud más responsable y firme frente a la crisis
humanitaria en marcha. Ya no aguantan más. No es casual, un 80% del pueblo elector según
las encuestas estarían dispuestos a participar en los comicios legislativos.
Entretanto, los expertos económicos advierten
que la nación entrará en un “default” en 2016, sí el gobierno no toma medidas
económicas correctas y acertadas para por lo menos detener las nefastas
consecuencias estructurales sociales que ya los ingresos petroleros por sí sólo
no pueden satisfacer (gasto público y pago de intereses a los acreedores). El
régimen se empeña tercamente en ofrecer la misma solución de todo estos años:
importación. Seguir importando bienes, productos, alimentos, medicina y
servicios; cuando por su actual insuficiencia presupuestaria debería apoyarse
en la inversión privada para estimular la producción nacional. Dejando de lado
prejuicios y complejos ideológicos a favor de un apertura con seguridad
jurídica al capital privado nacional e internacional en aquellos rubros que de
acuerdo con un plan de desarrollo nacional a corto, a mediano y a largo plazo
concertado con todos los sectores nacionales favorezcan el desarrollo de los
intereses de la nación.
Ahora bien para detener esta destrucción y
ante la terquedad del gobierno en seguir adelante con su proyecto de socialismo
de siglo XXI, a los venezolanos se nos presenta una nueva oportunidad de
rescate del orden, la institucionalidad y la gobernabilidad democrática, votando
masivamente el próximo 6 de diciembre por
una nueva Asamblea Nacional que cumpla con sus funciones
constitucionales de equilibrio y control del Estado. Con una mayoría calificada
de diputados demócratas en la AN, a partir de enero, se estaría iniciando -sin
dilación- un proceso de desactivación
progresiva de este paquete chavista madurista que tanto daños nos ha hecho en
todos los órdenes.
Queda en manos de la ciudadanía asumir la
voluntad política electoral ese día para hacerlo realidad. No más indolencia,
no más agresividad, no más viveza, no más complicidad, no más impunidad, no más
ignorancia. La Venezuela por reconstruirse ha de hacerse sobre la base del
optimismo, de los intereses positivos, del constructivismo, donde el progreso y
desarrollo humano integral sea responsabilidad compartida de gobierno y
gobernados. Castiguemos el fracaso y demos un voto de confianza al éxito de los
cambios por venir.
Presidente
de Ifedec, capítulo Estado Bolívar
@renenunez51
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