La crisis que hoy se vive en nuestro país no
nos sorprende. Una crónica de eventos predecibles que muchos venezolanos no hemos dejado de comentarlos por el modelo político centralista,
intervencionista y controlador de la vida ciudadana que se ha venido
implantando desde 1999 bajo el pretexto revolucionario para hacernos a todos
los venezolanos felices, pero que en la práctica ha resultado todo lo contrario; pues solo una élite muy
reducida desde el poder y en el poder ha sido la gran beneficiada y protegida
en lo político, lo económico y lo social.
En su libro
“Del Pacto de Punto Fijo al Pacto de la Habana”, José Curiel hace un
análisis comparativo de los resultados de gestión pública de la IV vs V
república, los cuales son irrebatible por lo real y convincente. Avalados hoy
por las mayorías nacionales como testigos excepcionales de los estragos económicos
y sociales que padecemos y que nos pone en minusvalía humana y ciudadana.
Los gobiernos son elegidos por las sociedades
democráticas con la finalidad de administrar los recursos y destinos de la
nación de manera eficiente y transparente a favor de la prosperidad, de la seguridad,
de la justicia, de la paz pero sobre todo de la igualdad en el trato ante la
ley para que los ciudadanos se desarrolle humanamente en lo individual y lo
colectivo. Se trata de combatir la pobreza en toda su dimensión garantizando
capacitación y oportunidades. No hay otra prioridad de estado y si la hay, el
gobierno obra de mala fe y divorciado de los derechos humanos y de los derechos
democráticos.
Bajo ninguna circunstancia, la función pública
debe ir contra el orden, la planificación y control, los indicadores de
medición de sus actos, deberes, derechos y obligaciones constitucionales. Quienes están
al frente en el manejo de los destinos de la nación no deben ignorar ni
excusarse en otros de sus errores y desaciertos; lo correcto, lo sabio, lo
racional es reconocerlos y hacer las rectificaciones necesarias de inmediato. Su
misión estratégica es la de prevenir los conflictos y las posibles catástrofes. La de armonizador de los variados y complejos intereses de la sociedad, la de construcción,
la de facilitador, la de conciliador, la de evaluador permanente de las
condiciones de vida de su gente; observando y aprovechando el conocimiento y
las herramientas tecnológicas que han permitido las transformaciones sociales
en otras sociedades.
El gobierno ha de estar preocupado y ocupado
en evitar que las problemas y los conflictos lo alcance o sobrepase sus
capacidades; a menos que no las tenga o no tenga la voluntad política para
hacerlo por mezclar otros intereses que nada tiene que ver con los de su
competencia constitucional.
Las últimas estadísticas y sondeos de opinión en
Venezuela coinciden en que se está ante una realidad de empobrecimiento de la
población. La otrora y mayoritaria clase media, hoy se encuentra disminuida y
fracturada, los que antes eran pobres ahora lo son más y los más ricos
cada vez son más opulentos. Una
desigualdad social como nunca antes vista. No es casual ni percepción que el
80% de los venezolanos valoran la actual gestión pública muy mala. Y que la
pobreza anda por el orden del 40%.
Una economía con desequilibrios estructurales
altisonante donde la demanda de alimentos, medicinas, productos en general es
superior a la oferta. Con una demanda de divisas superior a las ofrecidas con
restricciones y regulaciones caprichosas. Una salario devaluado, un desempleo
creciente, una inflación sin control produciendo una progresiva reducción del
poder adquisitivo. Todas ellas juntas son causales productoras de desigualdades
sociales que desbocan en crisis. Cuando éstas son realidades, los afectados suelen
recurrir al derecho natural y universal
de la protesta para exigir una
reconducción de los presupuestos al servicio de los ciudadanos con garantía de
eficiencia, transparencia e inclusión. Cuando no hay separación de poderes
autónomos e independientes, como es nuestra caso, la conflictividad tiene a dispararse y los
gobiernos a reaccionar con mayor represión, con amenazas, imputándole a los
propios ciudadanos la culpa de sus irresponsabilidades y a relacionarlos con fuerzas extrañas y
exteriores como parte de un plan o estrategia preestablecida. No es casualidad que gobiernos de América
Latina con graves problemas domésticos mantienen conductas y posturas similares
(Argentina, Venezuela)
En lo que respecta a nuestro país, a pesar de
la magnitud y complejidad de la crisis, los venezolanos no han dejado de
cancelar sus impuestos nacionales, regionales y municipales; prueba de ello son
los records anuales de recaudación de
que se ufanan los entes recaudadores; aunque los ciudadanos notan no están
siendo utilizados para darle servicios oportunos
y eficientes en materias de: alimentación, viviendas, salud, educación,
seguridad, aseo, inversiones en infraestructuras: industrial, vial, civil,
transporte, etc.
El pueblo no puede pagar las consecuencias de
los malos manejos de los recursos de estado, desviados gran parte a subvencionar
ministerios, entes y empresas ineficientes, pagos de deudas internas y externas
no aprovechadas para las cuales fueron asumidas, no haber hecho las inversiones
necesarias en ciencia, tecnología para el progreso y desarrollo nacional.
¿Quiénes son los responsables?
Presidente
del Ifedec, capítulo Estado Bolívar
@renenunez51
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