La democracia se caracteriza por establecer
pesos y contrapesos entre los poderes del Estado para lograr gobiernos civiles,
de leyes, garantes de la libertad y de la participación ciudadana. Con la
misión de defender derechos
fundamentales tales como los de la vida, de la libertad individual, del debido
proceso y de la propiedad privada.
El Parlamento se creó para ejercer un control político sobre
el poder Ejecutivo: exigiendo rendición de cuentas y juzgando los ministros y
demás funcionarios del gobierno si se determina que su desempeño ha sido
contrario al interés de la nación. Para
investigar y evaluar la utilidad de ciertas políticas públicas o gastos
realizados según el beneficio o perjuicio que haya generado al país, conocer
cómo y en qué se invierten los recursos manejados por los diferentes organismos
públicos (nacionales, estadales y municipales), aprobar o no el gasto de más
recursos , determinar la conveniencia o no para la nación de firmar tratados o
convenios con otros Estados u organismos internacionales; participar en la
designación de funcionarios de otros poderes públicos (magistrados, rectores
electorales, contralor, defensor del pueblo, fiscal general, etc.) y hasta
solicitar la remoción o destitución.
La nación está en crisis. No se puede negar ni
ocultar. Se está en apuros no solo en lo político, en lo económico, en lo
social sino también en lo moral y en lo ético. Agravada por la no separación de
poderes. Situación que han ignorado los asambleístas de hoy. No así, los
ciudadanos, que la sentimos en carne
propia cuando se va al mercado y no se
consigue lo que necesitamos, cuando nos damos cuenta de los altos precios de
los alimentos, de los bienes y de los servicios, cuando apreciamos el poco
valor de la moneda; cuando no encontramos oportunidades de empleos directos e
indirectos, cuando sentimos temor al salir de día o de noche por el auge
delictivo; cuando se acude a un hospital y no hay la medicina recetada, cuando
no se encuentra justicia oportuna y adecuada para dirimir un conflicto o
litigio o delito.
La Asamblea Nacional (AN) dejó de funcionar
desde hace mucho tiempo. Optó por la más fácil, otorgar poderes especiales a los últimos dos
presidentes de la república mediante leyes habilitantes; leyes que por lo
general se conceden en probadas emergencias catastróficas. La AN renunció su
función contralora del poder ejecutivo; convirtiéndose en un brazo político del
gobierno para acatar y aprobar sin reservas observaciones, propuestas y cuantas
solicitudes y exigencias éste le solicita. Cuando la bancada de la Oposición ha
solicitado incluir en la agenda de sesión ordinaria temas relacionados con: malversación
de fondos, con violaciones de derechos humanos y democráticos, con abusos y
arbitrariedades de funcionarios públicos, la economía en general, la seguridad,
la salud, etc., la directiva no lo ha permitido, incluso, a
muchos de ellos se les ha prohibido hacer uso del derecho de palabra.
En resumen, el Poder Legislativo Nacional en
la práctica cesó sus funciones como Poder Público, para operar como una
instancia subordinada políticamente al Ejecutivo. Su legación ya no es la de
representar a los ciudadanos a que se debe constitucionalmente, ni la de hacer del
hemiciclo el centro natural para el debate plural de las materias de interés de la república, la de control político, la de hacedor de leyes
justas con equidad social; simplemente sus competencias se han reducido a la
legitimación de decisiones del gobierno dándole una apariencia democrática y constitucional.
Estas son, entre otras, las razones por las
cuales en esta coyuntura la inmensa mayoría de compatriotas dicen no sentirse
representados por los diputados, ni con la institución propia por dar la
espalda a los excesos derivados de la concentración del poder en manos del
Ejecutivo.
El próximo año habrá elecciones legislativas
para escoger los nuevos 165 diputados. Al pueblo elector se le presenta otra
oportunidad brillante, por lo menos, para recuperar la institucionalidad y
gobernabilidad a fin de facilitar el restablecimiento de un mejor control del
gobierno, por ende, del orden, hoy relajado y entredicho. ¿Cómo? Tomando conciencia: 1. De la grave crisis sin control que tenemos
entre nosotros. 2. Tener en cuenta que la
bancada de diputados oficialista se les venció el tiempo para haberla controlado
y no lo hizo en 15 años; a pesar de haber sido mayoría legislativa. En todo este tiempo sus mayores esfuerzos se
orientaron a llevar adelante el proyecto revolucionario del Socialismo del
siglo XXI, el cual nada tiene que ver con lo estipulado en la Constitución
Nacional del 99.
Por todo lo anterior, si queremos un cambio en
el Statu quo político legislativo, se requiere de un voto mayoritario popular en
2015 a favor de la Oposición para garantizar el contrapeso del gobierno;
obligarlo a negociar, a dialogar con todos los sectores de la vida nacional en
la búsqueda de un punto de encuentro que nos una como sociedad en defensa del
progreso y del desarrollo nacional, con libertades y justicia.
Presidente
del Ifedec, capítulo Estado Bolívar
@renenunez51
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