La pobreza en los países con menos desarrollo jamás se podrá combatir
mientras los gobiernos permitan la
corrupción. Son muchos los que llegan a servirse a sí mismo y no servir a la
gente como lo obliga la constitución. En el caso de las democracias infuncionales,
este flagelo social opera con la complicidad de los poderes públicos.
La Venezuela de ayer tuvo sus escándalos en
materia de robos al erario público; pero la de hoy, imaginariamente en
socialismo, han sido mayores y a todo nivel que para nadie es un secreto los
negocios y la súbita riqueza de muchos funcionarios públicos con un estatus social
distinguido, preferencial e inédito.
Los poderes públicos han sido intervenidos y
puestos al servicio del gobierno central, renunciando muchos de ellos como el
Legislativo a realizar las investigaciones de rigor de las denuncias y actos
indebidos con responsabilidades del alto gobierno. Hoy el mismo gobierno ha
reconocido, como excusa, el tema de la escasa transparencia y ha prometido
erradicarla pero a través de una nueva ley que ha solicitado a la Asamblea
Nacional, la tercera, pues Chávez tuvo poderes especiales en dos oportunidades.
Maduro la quiere como solución definitiva, además para enfrentar una guerra
económica, que en la práctica la produce su régimen al no apoyar la producción
nacional, sino a la de otros países.
Sabemos que detrás de esa solicitud se
esconden otros fines para hacer realidad lo que ya él mismo nos ha anunciado:
la radicalización del socialismo del siglo XXI para terminar de destruir el
enemigo del comunismo que es el capitalismo productivo privado.
Para combatir la corrupción se necesita
voluntad política, participación ciudadana y compromiso de las instituciones
públicas con la eficacia y la transparencia. Nada de ella ha existido en estos
casi quince años, habido como una estrategia de “dejarla hacer” “dejarla pasar”
con fines supuestos superiores, y convenientes de subsistencia del modelo
político y económico cubano en marcha.
Ella existe y seguirá existiendo como un
problema inherente a las instituciones que se crearon para el bienestar social
hace cientos de años. Si hubiera buenas intenciones se asumieran los roles
de honestidad, transparencia y compromiso social que cada quien desde su
ámbito de competencia público o social deben cumplir.
Pasa
por la selección de los mejores y honestos funcionarios, de fiscales y jueces
de probidad demostrada, por el respeto a la institucionalidad democrática para
operar de manera autónoma e independiente. Pero también, de la capacidad y
responsabilidad de los ciudadanos de elegir los mejores y probos diputados,
concejales, gobernadores, alcaldes, tomando en cuenta su preparación, su conocimiento
y su experiencia en el área donde va a desempeñarse. Ejerciendo contraloria
social ciudadana.
La lucha contra ese cáncer social no puede
esperar y debe constituir una parte importante de la agenda política, mediática
y legislativa de la oposición y de los que dentro del oficialismo convencidos
de estos valores esenciales para lograr una convivencia social próspera y
segura, se atrevan a dar un paso adelante.
Este fenómeno no solo quebranta el Estado de
derecho, sino también inhibe el crecimiento económico, limita las posibilidades
de desarrollo y afecta el bienestar social. Por ello, no debe ser un tema que
se aborde de manera esporádica y coyuntural. En elecciones. O para distraer a
la gente de la escasez, de la inflación,
de la inseguridad, de los malos servicios públicos, de la quiebra de empresas
básicas, de los conflictos laborales, del creciente negocio de estupefacientes,
entre otros.
Presidente
del Ifedec, Capítulo Estado Bolívar
@renenunezr
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