En estos catorce años de revolución los trabajadores accionistas de Sidor han
venido librando frente al gobierno nacional una lucha digna en defensa de sus
derechos laborales y mercantiles; haberse convertido en propietarios del 20% de las acciones de la
empresa, como resultado del proceso de negociación previo a la privatización de la que fue objeto en 1997, nunca ha sido
del agrado del régimen.
La ejecución de la ampliación y modernización de
Sidor, Plan IV, dejó en el camino una herencia financiera ($720 millones) que el Estado después no pudo
solventar afectado por la caída brusca de los precios del petróleo en el mercado
mundial; el crudo criollo bajó a $ 8 por barril.
Sidor no estaba tampoco en condiciones de generar
por sus propios medios suficientes ingresos para la cancelación del servicio de
la deuda ante los acreedores; menos cuando los precios del acero estuvieron en ese
tiempo en baja. Esa coyuntura económica obligó al gobierno a buscar una alianza
estratégica con socios nacionales e internacionales capaces de, por un lado,
mantener operativa a la siderúrgica, y por otro, asegurar nuevas inversiones
tecnológicas necesarias para mantener la competitividad en el exigente mercado
del acero.
El 18 de diciembre de 1997 se suscribió el
contrato compra venta con el ganador de la licitación internacional: el Consorcio
Amazonia, integrado por empresas Hylsa de México, Sideral de Argentina, Sivensa
de Venezuela, Tamsa de México y Usiminas de Brasil, con un precio base de 1.550
millones de dólares. En 1998 la Sidor privatizada inició sus operaciones para
alcanzar estándares de competitividad internacional en el mercado siderúrgico, heredando
una producción de acero líquido de 2882 Mtons
en 1998 que después la elevó a 4307 Mtons en 2007.
De este proceso se destaca -sin duda- los
beneficios concedidos por el Estado democrático a los trabajadores, no solo por
habérseles otorgado el 20% del total de las acciones sino también por el paquete
de liquidación atractivo recibido para salir de la factoría. Esta estrategia laboral
facilitó la reducción de una nómina de 12 mil a 5.482 empleados. Empero, no todo fue color de rosa para ellos durante
todo este proceso, el gobierno no ha dejado de poner toda clase de muros en
cada etapa. Primero, para lograr las firmas y recibir los títulos de propiedad.
Segundo cobrar oportunamente los excedentes de caja trimestralmente, hubo una
oportunidad que el presidente de CVG de turno utilizó ese dinero para otros
fines.
Con la restatización de Sidor en 2008 el gobierno
recuperó la mayoría accionaria, procediendo a cancelar el monto total de la compra
del 51 % de las acciones a los “capitalistas” argentinos, el cual hizo efectivo
hasta el último dólar, incluyendo las moratorias de pago. En cambio la actitud asumida
frente a los trabajadores accionistas clase “B” ha sido distinta, injusta e
inhumana. El último trimestre de excedentes de caja generado por el consorcio
antes de irse, el gobierno no los canceló, estimado a un valor de Bs.
25.000 (viejos) por acción. Tampoco ha
querido reconocer el derecho de separación de la empresa de más de 8 mil
accionistas por el cambio de misión de Sidor. Se les exige reconocimiento de la
acción al mismo valor cancelado al consorcio “capitalista” argentino. En estos
momentos está pendiente según lo informado por el ing. Pedro Acuña,
representante genuino de los trabajadores accionistas, la presentación de un
punto de cuenta del presidente de CVG a la Presidencia de la República para la
aprobación de la compra de estas acciones con varias opciones de pago. Le toca
ahora al nuevo jefe cevegista, el general Carlos Osorio honrar este paso
administrativo, pues los anteriores se hicieron los locos.
Presidente del Ifedec, capítulo
Bolívar @renenunezr
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