La Justicia se creo para dar la razón a quien la
tiene. Cuando hay poca, la razón corre demasiado peligro. Porque no se
garantiza el objetivo de juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que
le corresponde.
Las democracias latinoamericanas, en su mayoría, han
sido y lo siguen siendo débiles y vulnerables a la influencia e intromisión
indebida de la política (gobiernos y partidos) y los factores económicos en las
decisiones de los jueces civiles y penales.
El problema comienza estructuralmente cuando se deja
de lado la transparencia (concursos de credenciales) en los nombramientos y
destituciones de magistrados y jueces. Creando una crisis de legitimidad por la
falta de independencia de los poderes judiciales en todo el territorio.
La justicia no cumple con funciones fundamentales como
la de ser vigilante de la Constitución; arbitro en la resolución de conflictos
de alcance y límites del poder político y las cuestiones sociales y la de
fiscalizador de la gestión pública.
Los jueces tienden a ser seducidos en lo político, lo económico
y lo financiero por los interesados en torcer la justicia a su favor. Por eso
vemos como un inocente es juzgado y condenado o un delincuente, corrupto,
criminal o narcotraficante es absuelto de toda culpa o algunas interpretaciones
inconstitucionales e ilegales son legitimadas.
La injusticia social también se expresa a través de
distintas formas con distintos niveles de gravedad; generando conflictos
políticos y sociales de todo nivel.
En las corrompidas democracias hispanoamericanas, no
cabe duda, muy fácil observar la influencia y los abusos de los presidentes de
la Republica ejerciendo funciones judiciales y arrogándose el conocimiento de
causas y poder condenatorio y aplicador de penas a quienes consideran rivales o
enemigos.
El abuso, la delincuencia, la arbitrariedad, la
impunidad y la exclusión social se imponen como un sistema político de
gobierno.
¿Como encarar los pueblos latinos esta realidad? La
respuesta es elemental, lógica y racional. Aunque difícil y compleja de
asumirla. Como la es la de construir una acción política coherente, sensata,
sana y consecuente para atacar las causas y la injusticia social en todo sus
términos, condiciones y alcance. Ella pasa por la imposición de un sistema de
justicia autónomo e independiente, sometido únicamente al imperio de la Constitución
y las leyes.
Un Estado fuerte con un poder ejecutivo ejecutando
políticas públicas con eficiencia y transparencia, un poder legislativo
legislando por igual en beneficio de los intereses de la sociedad y un poder judicial
controlando y haciendo justicia oportuna y correctamente Un auténtico Estado de
derecho con “Moral y luces”.
“Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no
para todos, sino para los iguales. Se piensa por el contrario que lo justo es
lo desigual, y así es, pero no para los desiguales”. Aristóteles.
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