Estamos mal y vamos para peor. Sí el gobierno insiste en continuar con el modelo político socialista comunista fracasado,
donde solo en el mundo regímenes de Corea del Norte y de Cuba lo mantienen de
facto contra la voluntad de sus pueblos. Las protestas estudiantiles de estos
dos meses, no cabe duda, obligaron al gobierno a sentarse en una mesa de
diálogo con la MUD con testigos
distinguidos de UNASUR como son los cancilleres de Ecuador, Colombia y Brasil;
y el Nuncio venezolano en representación del Vaticano. La responsabilidad mayor
de la crisis es del gobierno, en teoría, deberían ser los más interesados en
procurar soluciones consensuadas para atenuarla. No obstante, el gobierno pareciera
desestimar la oportunidad. El diálogo,
equivocadamente, lo entiende como una lucha ideológica por la cual no puede
darse el lujo de perder o ceder dominio donde hay que exterminar al enemigo
como si se tratara de una guerra. Ocurre igual en lo económico. Craso error,
porque sus verdaderos enemigos son los problemas del desabastecimiento, de la improductividad,
de la inseguridad, de la impunidad, de la merma en el poder adquisitivo de la
gente, de la inflación, entre otros
Después de 15 años de revolución chavista
madurista, la mayoría de los venezolanos comienzan a darse cuenta del deterioro
de su calidad de vida y la de sus familias. Voltean la mirada a los poderes
públicos acusándolos de no cumplir con sus deberes y obligaciones
constitucionales. Algunas de sus medidas y decisiones las consideran inaceptables,
indignas e indecentes, porque favorecen siempre los intereses ideológicos del
régimen y no de la totalidad de los ciudadanos, a los cuales se deben
Observan una gestión pública plagada de
corrupción, de abusos, de violaciones de derechos humanos, de injusticia, donde
el 92% de los delitos no son procesados y sentenciados. Donde recurrir a la
justicia comienza a ser percibido en la calle como una pérdida de tiempo, generando
impotencia y frustración
Los desaciertos, las desviaciones, los vicios
cometidos por altos funcionarios públicos, con sus honradas excepciones, están
a flor de piel. Notan un Poder
Legislativo, un Poder Moral, un Poder Judicial haciéndose los desentendidos con
el despilfarro, con el alto y sin control endeudamiento tanto interno como
externo, con la improductividad e ineficiencia de empresas y entes públicos,
con la impunidad, con la inseguridad, con la destrucción de puestos de trabajos
productivos duraderos y estables, con el irrespeto a la propiedad privada, con el
deterioro de los servicios públicos y con los saltos a normas y procedimientos.
Pareciera no ser casual que el 95% de los jueces sean provisorios, y éstos como los fiscales hayan
sido escogidos al margen de los concursos de oposición o de credenciales
La democracia se siente degradada, secuestrada
y trucada, donde la constitución solo
sirve e importa para recordarla en discursos y cadenas mediáticas todos
los días más no para respetarla y hacerla respetar con equilibrio y ecuanimidad
sin distingo de naturaleza alguna
El Estado surge como una necesidad de orden,
justicia y felicidad humana. La democracia como el sistema idóneo para
garantizar su viabilidad y operatividad. Son los ciudadanos, los responsables de velar por su eficiencia y
transparencia cuando manos de desalmados, sin valores y principios democráticos
y humanos, se aparten de la norma y de la justicia. El derecho a la protesta pacífica está
consagrado en el mundo de hoy en las constituciones de los países democráticos.
La nuestra lo garantiza
Arístides Calvani, para mí el Canciller más
culto, capacitado, visionario y caritativo que hemos tenido en la historia
republicana democrática, participó el 16 de marzo de 1973 en una reunión de
cancilleres en Panamá, convocada por la ONU para tratar el tema “Consejo de Seguridad”. Para reflexión, traigo
al recuerdo hoy parte de la brillante y generosa intervención que hizo ese día:
“Hay que construir una paz duradera. No impuesta, una paz voluntariamente
buscada, aceptada y compartida. Cuando hemos expresado en torno a la paz, no
excluye, por supuesto, el derecho de los pueblos a rebelarse contra la tiranía,
el colonialismo, el racismo o cualquier otra forma de opresión. En este caso,
en efecto, son los opresores quienes practican la violencia y el derecho a la
rebelión, legítimamente ejercido,
representa el esfuerzo del pueblo por el restablecimiento del orden jurídico”
Presidente
del Ifedec, capítulo Estado Bolívar
@renenunezr
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