¿Qué pasa con la OEA?

  Las normas y los procedimientos tanto privados como públicos suelen ser revisados y actualizados cuando las exigencias de los cambios sobrepasan sus alcances y beneficios; no hacerlo oportunamente se corre el riesgo de crear “cuellos de botella” potenciando desaciertos, contradicciones y  conflictos. Sobre todo cuando yace desde sus propias estructuras internas y externas del sistema antagonismos, distorsiones y desviaciones conceptuales en la interpretación y fines del articulado. Los pensamientos y buenas intenciones tienden ir por un lado, y las acciones por otra. Como pareciera estar ocurriendo en la Organización de Estados Americanos (OEA)

 Este ente regional no podemos verlo de otra mejor manera sino como el foro natural del y para el diálogo de los pueblos del continente americano, el espacio adecuado para dirimir las controversias de enfoque hacia donde debe orientarse los mayores y mejores esfuerzos unitarios, que no es más los de procurar el desarrollo de sus estados miembros en igualdad de condiciones y oportunidades para derrotar al único enemigo que ha de preocupar y ocupar a los gobiernos como lo es la pobreza; además de la defensa de sus soberanías, de sus libertades, de sus derechos democráticos y derechos humanos . De lo que se trata es de ejercer el derecho de desarrollo de los pueblos sin restricciones o trabas de cualquier naturaleza.

 La OEA nació en 1948. Su Carta se revisó por primera vez en 1967, en Buenos Aires, con la finalidad de dar mayor dinamismo y adecuación a la realidad geopolítica de ese entonces. El 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, hubo un progreso interesante con la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, con el objetivo principal de asegurar el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática en las Américas; estableciéndose que la ruptura o alteración del orden democrático en un Estado miembro, constituye "un obstáculo insuperable" para la participación de su gobierno en las diversas instancias de la OEA

 Lo ocurrido la semana pasada en esa entidad con el caso de María Corina Machado, dejó mucho que desear de su misión y propósitos. La diputada venezolana, aprovechando los buenos oficios humanitarios y de la diplomacia panameña ocupó una silla en la reunión del Consejo Permanente con la intención de exponer la situación y tensión social que se vive en Venezuela; desafortunadamente una sesión que debió ser abierta  terminó cerrada o privada cuando 22 países apoyaron la moción del representante de Nicaragua, quien la solicitó con base en un procedimiento interno sin dar explicación o justificación alguna. María Corina Machado de todos modos lo hizo en una rueda de prensa en vivo ante medios internacionales cercana a la sede de dicho organismo, donde explicó con lujo de detalles al mundo la realidad de lo que viene sucediendo en nuestra patria; lo que obligó a miles de estudiantes  a tomar las calles para protestar  y exigir al gobierno de Nicolás Maduro soluciones a los graves problemas económicos y sociales denunciados, el cese de las reiteradas violaciones a la Constitución, de los derechos democráticos y de los derechos humanos.

 Desde el año pasado se ha estado exigiendo por diferentes vías la intervención del organismo regional para tratar nuestro caso; esfuerzos todos en vano; a pesar del retiro de Venezuela de la CIDH de la OEA; decisión consumada; sin que ningún gobierno se haya pronunciado sobre el tema.  Por otra parte, ha llamado poderosamente la atención igualmente la actitud indiferente y sumisa del actual Secretario General, José Miguel Insulza

 Entretanto, en Venezuela se escala la conflictividad, las protestas callejeras, con un saldo hasta ahora muy lamentable: más de 40 personas fallecidas, en su mayoría jóvenes por balas, más de 500 heridos, más de mil cuatrocientas detenciones (centenas extrajudiciales), desapariciones forzosas (sin cifras todavía); todo producto de una represión desproporcionada por la GNB, grupos armados civiles al margen de la ley, y donde centros residenciales han sufrido ataques despiadados con gases lacrimógenas y disparos en flagrante violación del artículo 8 del Estatuto de Roma, el cual lo tipifica como crímenes de guerra. Las torturas, los golpes al cráneo, a la cara, a los ojos con cascos militares parecieran conjugar  una acción deliberada contra los jóvenes estudiantes detenidos sin resistencia.

 La OEA de estos tiempos pareciera favorecer los intereses de los gobiernos y no de los pueblos a que se deben esos gobiernos.  La chequera criolla petrolera logró el objetivo: 22 miembros apoyaron la petición nicaragüense, 11 la negaron, con una abstención. Los países en desacuerdo con Nicaragua, son los de mayores progresos democráticos y humanos en el continente: Chile, Perú, Paraguay, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, Costa Rica, México, Estados Unidos y Canadá. Del otro grupo se distinguen Brasil y Argentina, grandes beneficiarios de nuestra balanza comercial

 Vale la pena  hacernos estas preguntas: ¿Están representadas las voluntades de los pueblos en estas posturas de gobiernos miembros de la OEA? ¿Un gobierno miembro que viola la Carta Democrática Interamericana debe o no ser evaluado por el Consejo Permanente?

 ¿Se ajustan los actuales objetivos de la OEA a las realidades socio-político-económicos de América? ¿Es o no importante la legitimidad democrática en ejercicio o solamente la de origen? 

Presidente del Ifedec, Capítulo Estado Bolívar              @renenunezr