Cuando en una sociedad democrática los conflictos sociales proliferan
por doquier, significa que la relación
gobierno-gobernados no está funcionando como debe ser. Lo más seguro, las
ofertas de bienes y servicios no se corresponden con las necesidades y demandas
sociales de la población. Cuando esto ocurre, las políticas públicas puestas en
marcha se diseñaron sin la participación del público o simplemente, de parte de
quienes las administran, adolecen de
voluntad política para aplicarlas.
Características presentes en la
mayoría de los países latinoamericanos, donde
éstas son pensadas y elaboradas en círculos cerrados por élites de poder para
imponen intereses ideológicos o partidistas o personales favoreciendo a
parcialidades y no al colectivo.
La realidad de nuestro país. En estos
últimos trece años las políticas públicas se han caracterizado por tener un
alto contenido ideológico creando de plano una
segregación de intereses, favoreciendo a una minoría y perjudicando a las
grandes mayorías. La revolución tiene preeminencia sobre el bien común o
público. A ello se debe el alto grado de conflictividad en casi todo el
territorio nacional. Cuando no son los trabajadores son los estudiantes o los
profesores o los jubilados y pensionados o los gremios profesionales o los
sectores comerciales y empresariales, etc.
El jefe de la revolución nunca ha
mostrado disposición o interés por el
diálogo y el consenso social. Por el
contrario, ha sido intolerante, asumiendo una conducta beligerante de manera
permanente. Convirtiéndose en si mismo en una traba u obstáculo, reduciendo por
la fuerza los espacios de la libertad, de la diversidad, de la participación de
todos los sectores con derechos a promover, defender y desarrollar sus
intereses que son de la nación.
Bajo un esquema de constante
confrontación, de pensamiento vertical y único, no hay posibilidades ciertas de
progreso y desarrollo nacional. Se está ante
un Estado manejado por unos resentidos sociales que no le interesa velar por el
diseño y administración de políticas que proporcionen estabilidad económica y
permita la vinculación del sector privado con el gobierno. Menos respetar
normas o reglas cuando las mismas
contravienen la concepción socialista comunista. A esta situación se le
agrega la falta de separación de los
poderes públicos, donde la corrupción y la impunidad son parte de una cultura.
Por naturaleza, el Estado cumple tres
funciones básicas: la ejecutiva o administrativa, la legislativa y la judicial, conforme lo establece la fuente suprema que es la
Constitución del 99. Con la ejecutiva provee las necesidades y mantiene los
servicios públicos de seguridad y de vida. Mediante la legislativa establece el
ordenamiento jurídico que regula su organización y su acción, como la vida
social. Y con la judicial dirime las controversias para dar la razón a quien la
tiene.
Esos lineamientos ejecutados por el
Estado es lo que se denominan Políticas Públicas.
Acciones de Gobierno que tienen como
misión la de dar respuestas a las diversas demandas de la población. Sin ellas
no es posible asegurar el desarrollo económico y el bienestar social de toda
una nación. Esta es la gran discusión que los venezolanos debemos dar de cara a
las próximas elecciones del 7 de Octubre, pues la discusión es si se valida
para un nuevo período las políticas socialistas del régimen de turno o se
rechaza para contar con unas políticas públicas incluyentes y facilitadoras del
progreso mediante la concertación de todos los actores sociales. (Edición
1203).
(*) Internacionalista
@renenunezr Pueden oírme en Diplomacia de Micrófono
de 7 a 8
AM por Skandalo 106.9FM
http//:elportachueloderene.blogspot.co
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