Los complejos ideológicos, por un lado, y una cultura
política permisiva, por otro; han estado presente en la vida democrática
venezolana desde hace muchas décadas. La tradición socialista y de algunos
grupos nacionalistas han venido sosteniendo la tesis de que la economía no debe
estar en manos de los sectores privados. Menos aquellas empresas que representa
para la nación un valor estratégico; los cuales en ninguna circunstancia no es
razonable estén en manos de los intereses particulares de unos accionistas o
inversores. Este movimiento populoso se ha encargado igual de tildar al
empresario de explotador de la clase obrera; a quien, según la teoría del
marxismo, no se le reconoce el valor “plus (plusvalía); el cual se apropia el
patrono. Esta tesis “encantadora de felicidad popular” ha contado con un aliado
en las fábricas: los sindicatos (en su mayoría).
Así, el Estado se empoderó con el tiempo en Venezuela de
las industrias del petróleo, del hierro, del aluminio, de la electricidad, del
acero, del oro, del carbón, etc.
Con la llegada al poder del socialismo cubano de Chávez,
la estatización tomó cuerpo y se impuso como estrategia revolucionaria marxista.
Después de 20 años, como se esperaba, el balance final de la gestión pública
socialista ha sido negativa y catastrófica. Todas las empresas en manos del
Estado quebraron: PDVSA, Ferrominera, Venalum, Bauxilum, Alcasa, Carbonorca,
Sidor, Edelca y Minerven; entre otras.
El estatismo no ha funcionado donde se ha pretendido
imponer como modelo político y económico en el mundo. Las causas son múltiples:
1. El monopolio estatal es contrario a la libre competencia. Donde las empresas
con sus productos compiten en costos, precios, garantías y calidad; a
satisfacción de los compradores o consumidores. El mercado establece los
precios con tendencia a la baja. 2. El estatismo desestimula las iniciativas,
el emprendimiento y la innovación tecnológica del sector privado. 3. Se
desincentiva a la inversión o capital extranjero. 3. Se incrementa la
burocracia y la dirección de las factorías se politiza; desviándose de su razón
social natural. 4. La corrupción se internaliza a todo nivel. 5. Los directivos
y gerentes nombrados por lo general no están capacitados ni conocen del
negocio. 6. La autoridad y los controles se relajan. 7. Las nóminas de
trabajadores no son las requeridas por la empresa en cuanto a cantidad y
calidad. 8. Poca preocupación del Estado por la productividad, los costos, la
innovación tecnológica y los resultados.
El país en ruina que el próximo gobierno democrático en
Venezuela heredará del régimen socialista comunista cubano, no dejará otra opción
que no sea la privatización de todas las empresas quebradas; si de verdad hay
conciencia de los nuevos actores políticos de entenderlo para crear confianza y,
por ende, progreso económico.
El cambio de paradigma tendrá resistencia de ciertos
sectores que seguirán pensando en el Estado poderoso para hacer negocios. La
oportunidad de cambiar el modelo de estado paternalista, interventor y hacedor
de todo ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Es el momento de hacerlo.
Habrá que desarrollar una estrategia similar a la que
se hizo durante el segundo gobierno de Caldera con la privatización de Sidor, para
explicar al país entero (Congreso, partidos, sindicatos, gremios, ciudadanos) con
criterios técnicos administrativos y financieros convincentes de la necesidad
de la apertura de una economía libre y competitiva; privatizando los cordones
productivos en manos del Estado, a través de procesos claros y transparentes
para lograr aliados estratégicos solventes en lo técnico, económico y financiero
a favor de la recuperación de la economía nacional.
Tiempo de abandonar las discusiones estériles sobre Estado
versus Mercado y dedicar esfuerzos y energía al debate de que ambos sectores,
público y privado, deben complementarse para impulsar la prosperidad y el bienestar
de la sociedad venezolana. Bajo un Estado de derecho como imperio de gobierno, un
orden con reglas claras de convivencia social donde gobernantes y gobernados se
profesen respeto mutuo.
Los beneficios de la privatización son muchas: 1. Reducción
de las distorsiones económicas por las interferencias políticas del sector público.
2. Reducción de la corrupción. 3. Imposición de principios de competencia. El
mercado como el principal estimulo de la economía y facilitador de un mayor
crecimiento económico. 4. Los propietarios privados aportan capitales para la
adecuación técnica, administrativa, tecnológica en aras del crecimiento
económico. 5. El Estado disminuye su déficit fiscal y deuda externa; se
beneficia del cobro de impuestos. 6. Se contribuye al desarrollo de mercados
locales y nacionales. 7. Se atraen capitales extranjeros y empresas
multinacionales. 8. Política
de Precios basada en la productividad y estructura de costo de cada empresa y
la libre competencia.
El nuevo rol del estado es crear oportunidades de
empleos, el de fijar las reglas de juego e intervenir para resolver fallas del
mercado. El mercado y el Estado se necesitan uno al otro.
Sin abandonar, su responsabilidad social de crear
igualdad de oportunidades y redistribuir ingresos a través del sistema
tributario. Garantizando educación
primaria y secundaria, salud pública, seguridad y justicia.
“El pesimista se queja del viento. El optimista
espera que cambie. El realista ajusta las velas”. William George Ward
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Esta columna se publica también en soynuevaprensadigital.com y elcorreofinanciero.com
Excelente reflexión mi estimado René.
ResponderEliminarDe acuerdo contigo en tu planteamiento.
Saludos
Julián Salazar