Una de
las fortalezas del sistema democrático es la de legitimar sus decisiones de
gobernabilidad política de Estado mediante procesos electorales con la
aprobación y voluntad de las mayorías. No siempre, los resultados son los
convenientes, esperados y justos; sin embargo, el sistema ofrece la posibilidad
de reparar las equivocaciones o decisiones desacertadas en consultas
posteriores. Mientras mayor educación y conciencia ciudadana tengan los pueblos,
mayores posibilidades de aciertos tendrán. En esto juega mucho, la calidad del
voto.
El pasado
domingo, como se había previsto, se realizó cívicamente el plebiscito de paz de
Colombia que tenía como objetivo aprobar o desaprobar el acuerdo firmado por el
presidente Juan Manuel Santos con las FARC en La Habana después de 52 años de
guerra. Una insubordinación civil armada que causó más de 220.000 muertes entre
civiles y militares, sin contar los incapacitados dejados por este terrible flagelo
bélico doméstico.
Un
proceso negociado por el Gobierno de Colombia y las FARC durante 46 meses en
Cuba. Según el gobierno de Santos, el componente guerrillero es de 10.500: 8.500 de las FARC y
2000 del ELN.
Los
colombianos decidieron con el 50,2% rechazar los acuerdos de paz; mientras un
49,7% se decantó por el “Si”, con una abstención de más del 60%. Un resultado
evidentemente muy estrecho, una diferencia de apenas de un 0,5% (62.000 votos) que, incluso,
ninguna encuesta supo predecir.
Sí se
puede hablar de ganadores, no me cabe duda, el triunfador político de esta
jornada electoral resultó ser el expresidente Álvaro Uribe, defensor del “No”.
Otro ejercicio
de expresión de voluntad política soberana de la sociedad colombiana. Igual, vale la mención y reconocimiento al
poder electoral de ese país por organizar el plebiscito en 33 días con
autonomía, independencia, eficiencia y transparencia; conduciendo un proceso
manual, descentralizado por departamento, para que a las dos horas de cerrada
la votación ya se tuvieran publicados los resultados de más del 90% de las
mesas escrutadas.
Uribe,
líder del partido Centro Democrático, centró la campaña del “No” en criticar
los acuerdos de La Habana en cuanto a la participación en política de los líderes guerrilleros y el
hecho de que ninguno pagará cárcel siempre y cuando reconozca sus crímenes. En otras
palabras, rechazó categóricamente la impunidad; además fue coherente en torno a la política de
Seguridad Democrática que debilitó las FARC durante su gobierno, y donde el
actual presidente Santos fue su ministro de Defensa.
La
guerrilla sigue siendo muy impopular entre los colombianos por los daños
materiales y humanos durante todo este tiempo de conflicto armado, y de alianza
con el narcotráfico, negocio que les ha garantizado la supervivencia en la
selva y sus combates frente al Estado colombiano.
Si algo
ha de reconocerse a Santos, la decisión de convocar a un referéndum para validar
el pacto de La Habana; pues él podía haberlo ejecutado sin consulta alguna, tenía
la potestad constitucional para hacerlo, y no lo hizo. El tiempo le ha dado la
razón, si tomamos en cuenta el dictamen popular del 2 de octubre.
¿Qué hacer
ahora? Ante una votación que habla de las profundas divisiones que hay entre
los colombianos, una polarización política, en dos mitades casi iguales, que obligan
tanto al gobierno como a la oposición a dar una lectura correcta y oportuna. No
es hora de victoriosos o de perdedores, el pueblo colombiano les ha enviado “un
mensaje a García” muy claro y contundente “pónganse de acuerdo”. Ambos sectores tienen algo en común y así lo
demostraron en la campaña, su compromiso por la paz. La diferencia fundamentalmente
radica en el destino político de los líderes de las guerrillas y la justicia de
los autores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad. Amanecerá
y veremos.
Presidente
del Ifedec Capítulo Bolívar @renenunez51
A los
domingos, 8 a 9 am, en ONDA GLOBAL por www.onda973fm.com
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